2012-11-22

“RECORTES EN GASTOS SOCIALES”


AIZU!!!

Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera 
Langile Pastoraltzako Elizbarrutiko Idazkaritza.
Bilbao. Noviembre 2012 - Aizu Nº49
www.bizkeliza/areas-pastorales/pastoral-obrera
.
Ante el recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación, el clamor ha sido unánime en las calles y plazas de todo el Estado español: ¡‘Nos desmantelan el Estado de Bienestar”! Detrás de este clamor popular debemos ver la preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas por la reducción que el Gobierno español está realizando últimamente en gastos sociales con la consabida restricción a prestaciones básicas. A continuación anotamos algunas de ellas. 

Educación. Los recortes en el capítulo de educación están todavía por concretarse definitivamente, pues son las Comunidades Autónomas las que tienen la última palabra. El decreto del Gobiernos, que implica tanto a la enseñanza pública como a la concertada, pretende reducir el gasto en educación del 4,9% del PIB actual al 3,9% en cinco años, lo que exige, además del recorte de 3.000 millones ya previstos, entre 3.000 y 4.000 millones más. El decreto afecta asimismo:
  • A la jornada de los profesores de Primaria –de 25 horas semanales como máximo a 25 horas como mínimo- y en Secundaria - mínimo de 20 horas lectivas, antes el máximo estaba en 18. 
  • A la ratio máxima de alumnos por aula: 30 en Primaria, 36 en Secundaria y 42 en Bachillerato. 
  • A las tasas universitarias, cuyo aumento anual será hasta un 66% este año, pagadas en su mayor parte por el Estado, y con una participación del alumno entre un 30 y un 100% para los repetidores reincidentes. 
  • A las becas universitarias, cuya obtención seguirá dependiendo del cumplimiento de los umbrales de renta, y cuyo mantenimiento exigirá aprobar entre el 65% y el 85% de los créditos, con notas mínimas de 5,5 ó 6,0. 
Los aspectos más discutibles del decreto y los que han encendido la polémica han sido la ampliación del horario de los profesores, la amenaza a la política de igualdad y equidad en la educación, el cierre del paso a la universidad a los estudiantes con pocos recursos –suben las tasas, sobre todo para los repetidores, y disminuyen las becas- y, en general, la disminución de la calidad de la enseñanza. 

Sanidad. El 90% de la población del Estado español está usando el sistema público de sanidad. Sólo un 15% tienen seguros médicos privados, incluidos los funcionarios, que pueden optar entre la medicina pública y la privada. El gasto sanitario, debido al envejecimiento de la población, etc, se ha disparado desde los 38.563 millones en 2002 a los 70.274 en 2009. Entre 2010 y 2011, se ha reducido en un 4%. A esto hay que añadir que el gasto farmacéutico es uno de los más elevados de la Unión Europea, 510 euros per cápita.
¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sobre nuestro sistema sanitario? Tres son los puntos más destacados del decreto:
  • La expulsión del sistema sanitario de los inmigrantes extracomunitarios sin papeles, con la excepción de urgencias, niños o embarazadas. 
  • El copago de medicinas: un 10% los pensionistas, con topes mensuales de 8, 18 y 60 euros; un 30%, como hasta ahora los funcionarios; un 10% los enfermos crónicos; entre un 40 y un 60% el resto de los ciudadanos, según su nivel de renta; nada los parados sin prestaciones. 
  • Algunas prestaciones –sillas de ruedas, muletas, prótesis, preparados alimenticios y ambulancias no urgentes- estarán sometidas al copago con los mismos porcentajes que las medicinas. 
Pensiones. En junio de 2012, según el Ministerio de Empelo y Seguridad Social, había en el Estado español 8.986.500 de personas que recibían de la Seguridad Social algún tipo de pensión: por jubilación 5.310.660; por viudedad 2.320.000; por incapacidad permanente 944.400. La amenaza sobre este colectivo planea ya en el horizonte y los malos augurios proceden de las autoridades europeas, que con ocasión del rescate de nuestro sistema financiero han dejado entrever sus <<malas intenciones>> en este terreno. 

El seguro de desempleo. Según los últimos datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en número de parados asciende a la cifra de 5.639.000 de parados. Tres millones largos de hombres (un 14,9% más que en 2011) y 2.615.700 de mujeres (un 15% más que en 2011). La Encuesta de Población Activa (27 de abril de 2012) ofrece estos datos: 1.728.400 de hogares españoles tienen todos sus miembros en paro; un alto número de parados ha agotado ya su derecho a prestación; y un 52,7 % de jóvenes se encuentran en situación de desempleo. 

La ley de Dependencia. (La ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia) promulgada en 2006, reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir los servicios que realmente necesita. 
La aplicación de esta Ley iba a exigir en torno a 13.500 millones para 2010 y entre 17.000 y 20.000 millones para 2020, alrededor del 2,4% del PIB. Se calculaba que el 60% de ese gasto iba a correr a cuanta de las Comunidades Autónomas, el 30% a cargo de la Administración General del estado y el 10% restante a cuenta de las familias. En este campo el recorte ha sido despiadado. Se ha suprimido el 15% que el Estado iba a dar a las Comunidades Autónomas. Se ha paralizado el calendario que preveía la aplicación de las ayudas a los dependientes de Grado III, nivel 2, cuya dependencia se califica de moderada, en cuanto necesita ayuda al menos una vez al día para realizar varias actividades básicas de la vida cotidiana. 

Vivienda. A todo lo dicho debemos añadir, por último el tema de la vivienda que está angustiando a millones de ciudadanos, sobre todo con el tema de los desahucios. Por otra parte, tenemos el récor de viviendas vacías dentro de la Unión Europea. En la CAPV 58.771 según los últimos datos.